domingo, 26 de julio de 2009

Pasos lentos a favor de la niñez


Hace 20 años Guatemala estuvo entre los primeros cinco países que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Brendan Kolbay reporta por qué un grupo de ONG exige al Estado que revise el compromiso adquirido en 1989.
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Cada domingo durante todo el año pasado, la joven Tatiana Ortega, de 16 años, madrugó para viajar en camioneta, desde su casa en Mixco, hasta el edificio de la Tipografía Nacional en la zona 1.

Allí se juntaba con un grupo de amigos, también jóvenes, para transmitir el programa de radio Juventud al Aire. El programa, que se emite todos los domingos por radio Sonora entre las 9:00 y las 9:30 a.m., es patrocinado por la organización guatemalteca Comunicares, pero está totalmente planificado, organizado y producido por los jóvenes.

Su propósito es, a partir de discusiones y dramatizaciones, difundir un mensaje a todos los niños, niñas y jóvenes del país: a ellos les pertenecen ciertos derechos y el Gobierno tiene la responsabilidad de protegerlos, promoverlos y defenderlos.

Un programa de radio así habría sido inconcebible 20 años atrás, cuando aún faltaban 7 para que se firmaran los Acuerdos de Paz, y cuando la mayoría de los recursos del Estado estaban enfocados a combatir la insurgencia armada.

Pero hace 20 años al Gobierno también le preocupaba su imagen en el campo internacional, después de una década de atrocidades, en la cual murieron y desaparecieron miles de inocentes de la población civil. Quizá por ello Guatemala estuvo entre los primeros cinco países que firmaron y ratificaron la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2009 celebra 20 años de estar en vigencia.

La Convención fue promulgada oficialmente, después de 10 años de debate, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en noviembre de 1989. Muchos consideran que esta Convención ha generado más cambios y más rápido que cualquier otra legislación internacional en la historia.

Apenas cinco años después de su aprobación, en 2004, todos los países del mundo (es decir 192) la habían ratificado, menos dos: Somalia y Estados Unidos (en el caso de Somalia no ha existido un gobierno para que la firme. Y aunque EE.UU. fir-mó la ley en 1995, falta que la ratifique el Senado, debido a una resistencia por sectores de la derecha a adscribirse a una ley internacional que no proviene de sus propios legisladores).

Ocho años después de su aprobación, casi todos los países de Latinoamérica habían realiza-do cambios legislativos en el ámbito nacional para cumplir con lo que exige la Convención.

Sujetos, no objetos
“La idea fundamental de la Convención”, explica el licenciado Justo Solórzano, especialista en protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “es que afirma que el niño es, en primer lugar, una persona, y segundo, que es sujeto de derechos igual como cualquier adulto, y que el Estado, por ratificar la Convención, asume ciertas responsabilidades de promover y proteger esos derechos”.

Pese a que esta idea quizá hoy no nos parezca algo revolucionario, Solórzano lo considera un “cambio paradigmático” en la forma en que se percibe a un niño por la sociedad en general. “Con esta Convención los niños ya no se ven como objetos de protección sino como sujetos de derechos, participantes activos en la sociedad que cuentan con una voz”.

Tal cambio se evidencia en la joven Tatiana. “Con este programa (de radio)”, dice, “siento que ya tengo una voz en la sociedad para ex-presar mis ideas y mis opiniones. Antes era muy tímida, muy callada, pero ahora tengo la confianza de decir lo que creo”. Oneida Sánchez, directora de Comunicares, afirma: “Nuestro programa de radio es un ejemplo concreto del derecho del niño a expresarse, justo como afirma la Convención”.

Pero el derecho de expresión sólo es uno entre varios enumerados por la Convención. Entre ellos también está el derecho a la vida, a la protección de toda forma de abuso, a una educación adecuada, y el derecho a la salud integral. Y es el Estado el que asume la responsabilidad de asegurar que estos se cumplan.

Entonces surge la pregunta: Después de 20 años, ¿está cumpliendo el Gobierno sus deberes bajo la Convención? “Hemos visto pa-sos positivos”, dice Solórzano, “pero falta mucho”.

Sin una fotografía de la situación
¿Pero cuánto falta? ¿Y en qué? No es fácil saberlo. Una de las dificultades más grandes en el país es la escasez de información fiable sobre la situación actual de los niños.

“Hay una gran falta de registros en el país”, dice la licenciada Belia Rodas, directora de la organi-zación Concami, que brinda apoyo psicológico a los niños abusados física y sexualmente. “La verdad es que no sabemos cuántos niños han sido afectados (por abuso sexual) en el país”, afirma. “No existe un sistema nacional para registrar los casos de abuso. Cada entidad cuenta con un sistema, pero los métodos individuales son distintos, y no tienen la misma información, ni siempre información completa, útil”.

Y esa falta de información confiable, explica Rodas, significa que el Estado no tiene una fotografía de las condiciones actuales de los niños, y como consecuencia no puede designar programas y enfocar recursos para responder a sus necesidades. Y según ella, las cifras, que sí existen, de abuso sexual por ejemplo, sólo representan una fracción de la realidad.

Esa realidad es el impulso detrás de la creación de un consorcio de ONG guatemaltecas que trabajan en la promoción de los derechos del niño, para hacer una llamada al Gobierno y a la sociedad civil, y recordarle sus responsabilidades respecto a la Convención.

Por ello, una agrupación de unas 10 entidades nacionales se reunirá mañana 27 de julio en el hotel Camino Real, y anunciará el lanzamiento de un movimiento internacional que incluye organizaciones de 11 países de Latinoamérica.

Su objetivo es promover una movilización de todos los sectores de la sociedad y reconcentrar esfuerzos para hacer cumplir los derechos de los niños en diez aspectos. Estos incluyen: proteger la vida de los niños, eliminar la pobreza y la violencia en su contra, y garantizar los derechos a la salud y a la educación de calidad para todos los menores.

Avances “lentos y pocos”
El consorcio tiene planificado presentar al Gobierno sus inquietudes respecto a lo que califican como avances “lentos” durante los 19 años desde que Guatemala ratificó la Convención, en un documento titulado Llamamiento mundial para una nueva movilización a fa-vor de la infancia.

Respecto a educación, señalan que entre 1995 y 2007 el analfabetismo ha bajado apenas 12.5%, mientras el presupuesto de edu-cación ha crecido sólo 0.5% como porcentaje del PIB durante los últimos 20 años.

Y mientras hoy casi el 95% de niños y niñas se ins-cribe en la escuela primaria (cifra frecuentemente citada como gran logro de parte del Gobierno), expertos en educación indican que hasta 40% de ellos deja de asistir a clases por varias razones, entre estas la necesidad de trabajar para apoyar económicamente a sus familias debido a la pobreza extrema que existe en el país.

En materia de salud, citan información de Unicef que indica un nivel de desnutrición crónica para menores de 5 años de hasta 49% —el nivel más alto en toda Latinoamérica. El informe también revela que mientras los niveles de mortalidad materna han bajado de 200 por cada 100 mil nacidos vivos en 1994 a 121 por cada 10 mil en 2007, sigue siendo la tasa más alta de toda Centroamérica, lo cual significa que tener un bebé en Guatemala representa el riesgo más grande a la vida de una mujer.

También muestra un incremento en los niveles de trabajo infantil en el país entre 1994 y 2002, de 7.9% a 23.5%, siguiendo el mismo ritmo que la pobreza. El documento cita que en 2006 la PNC, el Organismo Judicial, la PDH y el Servicio Médico Foren-se reportaron 1,567 homicidios contra la niñez, y en 2007 esa cifra fue 1,110.

Cambios legislativos
El artículo 4 de la Convención requiere a todo Estado signatario “adoptar toda medida administrativa, legislativa y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos”.

Quizá el cambio legislativo más significativo respecto a la Convención fue la adopción de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. La ley, que tardó 13 años en aprobarse, afirma todos los derechos del niño enumerados en la Convención e impulsa cambios significativos en cómo funciona el sistema de justicia para los pequeños, entre ellos la eliminación del crimen de conducta irregular que criminalizaba la situación de muchos niños pobres que se encontraban viviendo en la calle.

Otra legislación incluye la Ley de Adopciones, aprobada en 2007, y la recién aprobada Ley Contra la Trata y Explotación Sexual (2009). “Pero aprobar leyes”, dice el licenciado Solórzano, de Unicef, “no es suficiente. Hay que implementarlas”.

Siguen las adopciones ilegales
Un caso ejemplar de esa verdad está en las adopciones. A pesar de la aprobación de la Ley de Adopciones, la cual establece la Comisión Nacional de Adopciones, cuya función es asegurar la protección de los niños que estén en proceso de adopción, la situación de adopciones ilegales sigue siendo un problema severo en el país.

A unas pocas cuadras de donde Tatiana emite su programa de radio todos los domingos, otra escena evidencia que el problema de adopciones ilegales no ha desaparecido. En la plaza frente de la Corte Suprema de Justica, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, se encuentra acostada en un colchón, en el octavo día de una huelga de hambre, al momento de escribir esta nota.

Está protestando la falta de acción de parte del sistema de justicia durante tres años en el caso del robo y adopción ilegal de tres niñas: Arleney Escarleth López López, Anyeli Hernández Rodríguez y Heidy Sarai Batz Par.

odas se encuentran fuera del país, procesadas ilegalmente para adopción, y pese a que cuentan con información que prueba la identidad verdadera de las niñas y las anomalías en el proceso de sus adopciones, la Corte Suprema hasta el momento ha rechazado la demanda de anular las adopciones.

Activistas señalan una corrupción en todo nivel del sistema —desde agentes de la PNC hasta los jueces de menores— que actúan en forma conjunta para efectuar el robo y venta de niños guatemaltecos hacia el exterior.

El 13 de julio de este año fue señalado por el Ministerio Público el juez de la Niñez y la Adolescencia de Escuintla, Mario Fernando Peralta, por cargos de, entre otros, conspiración, abuso de autoridad y trata de personas.

En su informe a la Comisión de los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza, el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala indica que unas 27,400 adopciones durante el período de 2004-2007 fueron procesa-dos extrajudicialmente, lo cual facilitaba numerosos abusos e irregularidades.

Ahora, dentro del marco de la nueva Ley, son los jueces de la Niñez y Adolescencia quienes dictan a quién se puede adoptar legalmente, pero muchos, junto con Norma Cruz, no confían en el nuevo sistema ni en ellos que se forman el sistema. Dice ella: “¿Qué podemos esperar de un juez que podría vender a una niña?”.

Cambios legislativos en Guatemala impulsados por la Convención:
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003)
Ley de Adopciones (2007)
Ley Contra la Trata y Explotación Sexual (2009)

Fue promulgada en noviembre de 1989 y ratificada por Guatemala en junio de 1990.
Tiene 45 artículos
Define a un niño como toda persona hasta que cumple 18 años.
Afirma que todo/a niño tiene derecho (entre otros) a:
La Vida
Una educación adecuada
Expresión y ser consultado sobre asuntos que le afectan
Salud integral
Impone en el Estado la responsabilidad de:
Proteger, promover y defender todos los derechos enunciados en el Convenio
Reportar cada 5 años los avances y retos en implementar el Convenio
Ha sido ratificada por todos los países del mundo (192) menos dos: Somalia y Los Estados Unidos.

“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distin-ción alguna”. –Art. 1

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. – Art. 3

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”. –Art. 4

“El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo…ya sea oralmen-te, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”. - Art. 13

T. Brendan T. Kolbay. brendan.kolbay@gmail.com
I. Alejandro Azurdia. aazurdia@sigloxxi.com

1 comentarios:

Gr@ciel@ dijo...

En Argentina 3 millones de personas buscamos nuestra verdadera identidad de origen, no fuimos adoptadas legalmente, muchas, víctimas del tráfico de niños. El Estado no nos ayuda, no reconoce nuestra existencia y por lo tanto nuestros derechos. Nos maltratan, nos llaman "abandonaditos" o que estanmos "mal de la cabeza, pobrecitos". Cada día somos más porque se siguen "adoptando" ilegalmente bebés, el Estado no hace prevención. Los bebés no nacen como una hoja en blanco, internamente sabemos nuestra situación y necesitamos conocer nuestra verdad por más dura que sea. En Argentina hablan de DD.HH., pero están sectarizados, son un círculo al que no todos acceden, solo los casos de la dictadura. Los invito a visitar www.ag-quienessomos.com.ar es la Agrupación Quiénes Somos que desde hace 7 años, sin ayuda de nadie reclama al Estado, presenta proyectos de ley, trabaja de manera humanitaria y solidaria. Argentina adhirió a la Convención de los Derechos del Niño pero fue solo una firma. Un saludo Graciela Palma (ciudadana sin identidad) DNI 16.496.527